Concepto de la extradición en Argentina
Definición jurídica de la extradición
La extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado entrega a una persona acusada o condenada por la comisión de algún delito a otro Estado que lo requiere, con el fin de ser juzgada o cumplir una pena. Es un instituto propio del Derecho Internacional Público, se trata de un mecanismo de cooperación internacional regulado por Tratados y leyes nacionales.
Diferencias entre la extradición activa y pasiva
Existen dos tipos:
- Extradición activa: cuando Argentina solicita a otro país la entrega de un individuo.
- Extradición pasiva: cuando otro Estado solicita a la Argentina la entrega de una persona.
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| La extradición puede ser activa o pasiva. |
La Convención Interamericana Sobre la Extradición, expresa en su artículo 1: "Los Estados Partes se obligan, en los términos de la presente Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad".
Requisitos legales para la extradición:
Condiciones establecidas en el Código Penal argentino
En el marco del derecho penal argentino, la extradición se encuentra regulada por el Código Penal y la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley 24.767), que fijan las condiciones bajo las cuales puede concederse. Entre ellas, se exige que el hecho imputado constituya delito tanto en Argentina como en el Estado requirente (principio de doble incriminación), que la pena prevista supere un mínimo determinado, y que no se trate de delitos políticos o militares. Asimismo, se prohíbe la extradición cuando exista riesgo de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o cuando la persona pueda ser sometida a tratos crueles o inhumanos. El procedimiento también contempla el principio de reciprocidad, asegurando que Argentina solo conceda la extradición si el otro Estado ofrece garantías equivalentes. Estas condiciones reflejan la intención de equilibrar la cooperación internacional con la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a un proceso de extradición.
Entonces, para que la extradición sea procedente en Argentina, deben cumplirse ciertos requisitos establecidos en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal:
- La existencia de un Tratado Internacional o aplicación de la ley nacional en ausencia de tratado;
- Que el delito esté tipificado tanto en el país requirente como en Argentina, lo que se conoce como principio de la doble incriminación;
- Que la pena prevista supere un mínimo determinado. (Generalmente más de un año de prisión);
- Que la solicitud este debidamente fundamentada y acompañada de pruebas suficientes;
- Respeto al principio de reciprocidad y a la cooperación amplia y pronta.
Procedimiento judicial y administrativo
En Argentina, el procedimiento de extradición se desarrolla a través de una combinación de instancias judiciales y administrativas. Una vez recibida la solicitud formal de un Estado extranjero, el Poder Ejecutivo la remite al Poder Judicial, donde la Corte Suprema de Justicia interviene para verificar la legalidad del pedido y el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes. Durante este proceso, se garantiza el derecho de defensa de la persona requerida, quien puede presentar pruebas y alegar motivos de improcedencia. Si la Corte Suprema declara procedente la extradición, la decisión final corresponde al Poder Ejecutivo, que evalúa aspectos políticos y diplomáticos antes de autorizar la entrega. De esta manera, el sistema argentino asegura un equilibrio entre el respeto a los compromisos internacionales y la protección de los derechos fundamentales del individuo.
Garantías constitucionales y derechos humanos
En el marco de la extradición en Argentina, la Constitución Nacional establece límites claros para proteger los derechos fundamentales de las personas requeridas. Entre las garantías más relevantes se encuentra la prohibición de extraditar a individuos por delitos políticos o cuando exista riesgo de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones. Asimismo, se asegura el principio de legalidad y el derecho de defensa (artículos 18 y 19 CN), permitiendo que la persona solicitada pueda recurrir a instancias judiciales para cuestionar la validez del pedido y presentar pruebas que respalden su posición.
Además, el sistema argentino se rige por los tratados internacionales de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional (artículo 75 inc. 22 CN) y refuerzan la protección frente a posibles abusos. Esto implica que no se concederá la extradición si el país requirente aplica la pena de muerte, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De esta manera, el procedimiento de extradición no solo responde a compromisos internacionales de cooperación judicial, sino que también garantiza que la entrega de una persona no implique la vulneración de su dignidad ni de los derechos reconocidos por la comunidad internacional.
Procedencia de la extradición en el derecho penal argentino
Casos en los que procede la extradición
La extradición procede principalmente en aquellos casos en que la persona requerida está acusada o condenada por delitos comunes de gravedad, como homicidio, narcotráfico, corrupción, fraude o delitos financieros, siempre que dichos hechos estén tipificados tanto en la legislación argentina como en la del país solicitante. Además, la extradición se concede cuando existe un tratado bilateral o multilateral vigente que regule la cooperación judicial entre los Estados involucrados, o en su defecto, bajo el principio de reciprocidad. En todos los supuestos, se exige que la pena prevista no sea desproporcionada ni contraria a los derechos humanos, garantizando que la entrega se realice únicamente en condiciones compatibles con los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por la República Argentina.
Casos en los que no procede la extradición
La legislación Argentina (artículo 8 - Ley 24.767) establece situaciones en las que la extradición puede ser denegada:
- Por delitos políticos o conexos;
- Cuando el delito que motiva la extradición fuese un delito previsto exclusivamente por la ley penal militar;
- El proceso que la motiva fuese tramitado por una comisión especial de las prohibidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional. (Tribunal ad-hoc);
- El proceso que motiva la extradición evidencie propósitos persecutorios por razón de las opiniones políticas, la nacionalidad, la raza, el o la religión de las personas involucradas o hubiese motivos fundados para suponer que esas razones pueden perjudicar el ejercicio del derecho de defensa en juicio;
- Existan motivos fundados para suponer que el requerido pueda ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- El delito por el que se solicita la extradición tuviere pena de muerte en el Estado requirente y éste no diere seguridades de que no será aplicable;
- Cuando el delito ya fue juzgado en Argentina. (Principio de cosa juzgada)
- Si la solicitud no cumple con los requisitos formales o carece de pruebas suficientes.
Otras preguntas relacionadas a la extradición
¿Qué pasa si dos Estados requieren a la misma persona?
Si es por el mismo hecho, se le da preferencia al Estado en donde se cometió el delito; si son hechos distintos, la preferencia es para el Estado en donde se cometió la infracción más grave, a criterio del Estado requerido y si éste considera que son graves por igual, se da preferencia al que primero hizo el pedido de extradición.
¿Qué organismo se encarga de decidir si procede o no la extradición en Argentina?
El derecho interno del Estado requerido se encarga de nombrar que organismo será el encargado de decidir sobre la procedencia o no de las solicitudes de extradición por parte de otros Estados. En Argentina es el Poder Judicial el que autoriza, concede o deniega la extradición, poniendo a la persona a disposición del Estado requirente, pero si en un plazo pactado no se hace cargo de ella, el Poder Judicial se encarga de poner al individuo en libertad. Más precisamente la competencia la tienen los jueces federales con competencia penal del lugar donde tiene domicilio la persona con pedido de extradición.
¿Puede un Estado pedir la extradición de una persona por un delito que éste no cometió dentro de su territorio?
Sí, procede la extradición aún cuando el delito fue cometido fuera del territorio del Estado requirente, cuando con dicho delito se perjudique a sus nacionales.
¿La persona pedida puede tener la misma nacionalidad que el Estado requerido?
Sí, puede pero en general los Estados deniegan la extradición de aquel que pertenece a su nacionalidad, salvo que se trate de delitos de lesa humanidad.
¿Se pueden solicitar la extradición entre provincias en Argentina?
No se puede solicitar la extradición entre provincias en Argentina, la extradición solo se solicitan entre países y no entre provincias de un mismo país.
Legislación sobre extradición en Argentina
La normativa principal es la Ley Nacional Nro. 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, que regula los procedimientos de extradición y asistencia jurídica internacional.
Además, Argentina es parte de numerosos tratados bilaterales y multilaterales que establecen reglas específicas de cooperación judicial.
Principios fundamentales que derivan de la ley:
- Amplia y pronta cooperación con otros Estados;
- Subsidiariedad, aplicando la ley nacional cuando no exista tratado;
- Reciprocidad, garantizando igualdad de trato en solicitudes.
Conclusión
Para concluir, es dable destacar que la extradición en Argentina es un instrumento esencial para combatir la impunidad y fortalecer la cooperación internacional en materia penal. Su regulación busca equilibrar la necesidad de justicia con la protección de los derechos humanos, estableciendo requisitos claros y excepciones que garantizan un proceso justo y transparente.
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